Falsas acusaciones de acoso en transporte público ponen en alerta a usuarios del género masculino
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En sistemas de transporte público de la Ciudad de México y el Estado de México ha comenzado a tomar fuerza una preocupación poco discutida: el temor de algunos hombres a ser señalados falsamente por presunto acoso sexual.
Videos virales, testimonios en redes y reportes ciudadanos han detonado una sensación de vulnerabilidad jurídica y social que —aunque no está respaldada por estadísticas oficiales de alta incidencia— sí está generando un clima de tensión y desconfianza en vagones, andenes y unidades de transporte concesionado.
Especialistas en derecho penal y cultura cívica advierten que el fenómeno debe analizarse con rigor técnico y no desde la reacción emocional. Subrayan que el acoso sexual en transporte público es un delito real, documentado y frecuente contra mujeres, pero también recuerdan que toda acusación debe pasar por verificación, debido proceso y presunción de inocencia. El riesgo, señalan, aparece cuando la condena social se adelanta a la investigación formal, especialmente en entornos de alta exposición digital donde un señalamiento puede destruir reputaciones en minutos.
Abogados consultados por Revista TMX en materia penal explican que una acusación falsa deliberada puede configurar delitos como denuncia falsa, simulación de delito o extorsión, según el caso concreto. No obstante, precisan que demostrar jurídicamente la falsedad intencional es complejo y exige evidencia sólida. Por ello, recomiendan que cualquier incidente en transporte sea atendido por autoridad competente, con revisión de cámaras, testigos y protocolos institucionales, evitando confrontaciones y “juicios exprés” entre usuarios.
Sociólogos urbanos señalan que la viralización de casos aislados puede provocar un efecto de amplificación psicológica —conocido como “psicosis preventiva”— que deriva en conductas de autoprotección extrema: grabar trayectos, evitar proximidad física o modificar rutinas de movilidad. Este patrón, indican, ya se ha observado en otros contextos donde la percepción de riesgo crece más rápido que la incidencia comprobada.
Autoridades de movilidad y seguridad han reiterado que existen protocolos claros de actuación: separación de las partes, entrevistas, revisión de videovigilancia y acompañamiento institucional. Expertos recomiendan a todos los usuarios conocer estos mecanismos y solicitar intervención oficial inmediata ante cualquier señalamiento.
Organizaciones civiles, abogados defensores y colectivos de apoyo a personas acusadas por delitos sexuales advierten que también existe un conjunto de casos controvertidos donde —afirman— hay hombres que enfrentan procesos prolongados o condenas que consideran injustas, derivadas de acusaciones que, sostienen, no fueron plenamente acreditadas.
Señalan que en Centros de Readaptación Social de la Ciudad de México y el Estado de México hay internos que aseguran haber sido acusados sin pruebas suficientes o con defensas inadecuadas. Detrás de cada proceso —subrayan— hay proyectos de vida interrumpidos, familias fracturadas, estudios abandonados y trayectorias truncadas.
Especialistas recuerdan que tanto la impunidad como la condena errónea representan fallas graves del sistema de justicia. El debate de fondo no es minimizar el acoso ni desacreditar denuncias legítimas, sino sostener un principio esencial del Estado de derecho: proteger a las víctimas y garantizar la presunción de inocencia al mismo tiempo.
En el transporte público, donde millones de personas conviven a diario en espacios reducidos, el reto es construir seguridad sin convertir la sospecha en sentencia.
CFA
