Colectivo ‘100 Periodistas por el Estado de México’ consolida frente común en defensa del ejercicio periodístico
Staff | Revista TMX | Estado de México
Ecatepec, Estado de México.— En un contexto marcado por denuncias de presuntas presiones legales contra comunicadores en distintos municipios mexiquenses, el colectivo «100 Periodistas por el Estado de México» ha fortalecido su presencia como una red de acompañamiento y defensa del ejercicio periodístico. La iniciativa busca brindar respaldo legal, mediático y humano a reporteros, fotógrafos, columnistas y directores de medios que enfrenten procedimientos derivados de su labor informativa.
De acuerdo con integrantes del colectivo, en diversos casos recientes periodistas han sido objeto de denuncias penales o acciones legales que, desde su perspectiva, buscan inhibir la cobertura de asuntos de interés público relacionados con administraciones municipales. La organización sostiene que este tipo de procedimientos puede generar un efecto de autocensura entre comunicadores que realizan coberturas en el ámbito local.
El caso de «Mafer»
Entre los asuntos que el colectivo ha acompañado se encuentra el de la periodista identificada públicamente como «Mafer«, cuya situación fue difundida por integrantes de la organización al denunciar presuntas represalias posteriores a la publicación de trabajos periodísticos. Según el colectivo, el caso evidencia las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan diversos comunicadores, particularmente mujeres periodistas, quienes además pueden ser objeto de campañas de descalificación en espacios digitales.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una resolución definitiva respecto a los hechos señalados por la organización.
Tenancingo, uno de los casos recientes
Uno de los episodios que motivó el pronunciamiento del colectivo ocurrió en Tenancingo, donde cuatro integrantes del medio La Madeja Política de Tenancingo recibieron citatorios ministeriales luego de que la presidenta municipal, Nancy Nápoles Pacheco, presentara denuncias por presunta violencia digital derivadas de publicaciones relacionadas con el desempeño de la administración municipal.
Los comunicadores sostienen que los contenidos señalados corresponden al ejercicio de su labor periodística sobre asuntos de interés público, mientras que el colectivo considera que este tipo de procedimientos puede representar un precedente preocupante para la libertad de expresión en el ámbito regional.
Por su parte, la alcaldesa ejerció los recursos legales previstos por la legislación vigente, por lo que será la autoridad competente la encargada de determinar el curso de las investigaciones conforme a derecho.
Llamado a las instituciones
Ante este panorama, el colectivo hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para garantizar el respeto al ejercicio periodístico y evitar cualquier acción que pudiera traducirse en la criminalización de la labor informativa. Asimismo, solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para fortalecer los mecanismos de protección cuando existan riesgos para periodistas.
Para sus integrantes, la consolidación de «100 Periodistas por el Estado de México» representa un esfuerzo por fortalecer la solidaridad gremial, documentar posibles agresiones contra comunicadores y promover condiciones que permitan ejercer el periodismo con libertad, independencia y pleno respeto a la libertad de expresión.
CFS
