Arresto de periodista en Veracruz por cargos de “terrorismo” desata acusaciones de criminalización contra la prensa
Staff | Revista TMX | Veracruz
Coatzacoalcos, Veracruz.- La detención del reportero veracruzano Rafael León Segovia, conocido en medios y redes como “Lafita León”, ha provocado una fuerte polémica y críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, tras ser acusado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) de delitos graves como terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y ataques contra instituciones de seguridad pública.
León Segovia, un periodista con trayectoria documentando hechos de violencia y seguridad en el sur de Veracruz, fue detenido el 24 de diciembre en Coatzacoalcos por agentes de la Fiscalía Regional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Durante la audiencia inicial, un juez de control calificó de legal su detención y dictó prisión preventiva oficiosa, la cual se mantendrá en tanto se desarrolla su proceso penal, con una audiencia de continuación programada para el 30 de diciembre de 2025.
La FGE no ha precisado públicamente los hechos concretos que sustentan los cargos imputados al comunicador, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre el uso de acusaciones de gran alcance en investigaciones donde la labor informativa podría estar directamente vinculada.
Críticas de organizaciones defensoras de derechos
La organización Artículo 19 expresó su condena enérgica por la detención e imputación, señalando que la investigación “se originó por hechos directamente vinculados a su labor informativa” y advirtió contra el uso del sistema penal como mecanismo de represión o censura contra periodistas. El organismo demandó que las autoridades actúen con imparcialidad, independencia y apego estricto al principio de legalidad, respetando además la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Otras asociaciones periodísticas, como la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Coatzacoalcos (AMECOPE), solicitaron la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con el objetivo de que se garantice que el procedimiento judicial se lleve a cabo conforme a derecho y sin arbitrariedades.
Gobernadora Nahle defiende actuación y niega censura
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha rechazado que la detención tenga que ver con una restricción a la libertad de expresión, asegurando que “la ley se aplica de manera igualitaria para todos, seamos periodistas, reporteros o cualquier otra profesión”. En varios pronunciamientos públicos, la mandataria insistió en que la investigación corresponde a la Fiscalía y que su administración no coarta el ejercicio periodístico.
Nahle también afirmó que tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía General de la República mantienen abiertas investigaciones relacionadas con el caso, y que es necesario respetar el debido proceso y las decisiones del Poder Judicial.
Confrontación legal y social
La familia de León Segovia ha denunciado presuntas irregularidades durante el operativo de detención, incluyendo señalamientos sobre el manejo de pertenencias del periodista y cuestionamientos sobre el fundamento jurídico de los cargos que enfrenta.
Organizaciones de derechos humanos han iniciado quejas ante instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, exigiendo que se garantice la legalidad del procedimiento y el respeto a los derechos fundamentales del comunicador.
El caso ha generado una discusión más amplia sobre los límites entre la aplicación del derecho penal y la protección de la libertad de expresión en México, particularmente en contextos de violencia e inseguridad donde la cobertura periodística de hechos delictivos suele ser una práctica constante y necesaria.
