Gobernar o predicar: del erario al altar, UNIFEST 2025 exhibe a Tecámac por posible violación al Estado laico y opacidad en el uso de recursos públicos
Staff | Editorial| Revista TMX | Estado de México
Tecámac, Estado de México.— La cuarta edición de UNIFEST 2025, un festival de música y adoración cristiana promovido como “Festival de Unidad por la Familia” y realizado en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, colocó al Ayuntamiento de Tecámac en el centro de un debate jurídico y político sobre el respeto al principio constitucional del Estado laico, el uso de recursos públicos y la falta de transparencia en la organización de eventos masivos.
A diferencia de un evento organizado de manera autónoma por asociaciones civiles o religiosas, UNIFEST 2025 fue impulsado, promovido y difundido desde los canales oficiales del gobierno municipal, que lo presentó como una actividad institucional, con acceso gratuito mediante boletaje digital y físico, despliegue de seguridad pública, habilitación de estacionamientos y servicios médicos coordinados por la propia administración.
El Estado laico, en entredicho
El Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que México es una República laica, mientras que el Artículo 130 fija con claridad la separación entre las iglesias y el Estado, prohibiendo a las autoridades favorecer, promover o adoptar un credo religioso.
Especialistas en derecho constitucional advierten que la intervención activa de un ayuntamiento en la organización, promoción y logística de un festival de contenido confesional, que incluye conciertos cristianos, predicación y mensajes de fe, puede constituir una violación al deber de neutralidad religiosa que están obligadas a observar todas las autoridades.
Si bien el uso de espacios públicos para actividades religiosas no está prohibido, juristas señalan que esto solo es válido cuando se garantiza igualdad de condiciones y el gobierno no asume el evento como propio. En el caso de UNIFEST 2025, la adopción del festival como parte de la agenda institucional, su promoción oficial y el respaldo operativo difuminan la frontera entre gobierno y religión.
Recursos públicos y posible desvío de finalidad
UNIFEST 2025 se realizó en uno de los parques municipales más importantes de Tecámac, con infraestructura profesional de alto nivel: escenario, pantallas, audio, iluminación, control de accesos, seguridad pública y personal de Protección Civil.
De acuerdo con productores de espectáculos, un montaje de estas características puede representar costos de varios millones de pesos, lo que abre cuestionamientos sobre la aplicación del Artículo 134 constitucional, que obliga a que el gasto público se ejerza con eficiencia, honradez y con un fin social claramente justificado.zq
Especialistas en gestión pública cuestionan si destinar recursos humanos, materiales y logísticos a un evento religioso es compatible con las prioridades de un municipio que enfrenta reclamos persistentes en materia de seguridad, servicios públicos, infraestructura urbana y mantenimiento de espacios comunitarios.
Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha transparentado contratos, montos, proveedores, convenios de patrocinio ni el esquema de financiamiento del evento, incluida la posible participación de empresas privadas, asociaciones religiosas o recursos municipales directos.
Transparencia y rendición de cuentas pendientes
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México obliga a los ayuntamientos a publicar información detallada sobre contratos, servicios, gastos y uso de espacios públicos relacionados con eventos masivos.
La ausencia de información pública sobre UNIFEST 2025 —más allá de su promoción en redes oficiales— podría constituir una omisión en materia de transparencia, susceptible de revisión por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) o de los órganos de control interno.
A ello se suma el señalamiento de organizaciones ciudadanas y usuarios de redes sociales, quienes afirman que una parte significativa de los asistentes provino de otros municipios e incluso de otros estados, lo que pone en duda si el beneficio del gasto recayó directamente en la población de Tecámac o si se trató de un evento regional financiado con recursos locales.
Uso de espacios públicos y asociaciones religiosas
La realización de un festival confesional en instalaciones deportivas municipales, con cierres parciales o totales y uso preferente del espacio para una agenda religiosa específica, abre un posible conflicto con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíbe el uso privilegiado de bienes del Estado en favor de una denominación determinada.
Especialistas subrayan que cualquier cesión de espacios públicos a organizaciones religiosas debe sustentarse en convenios transparentes, tarifas claras y condiciones de igualdad, elementos que, en el caso de UNIFEST 2025, no han sido exhibidos públicamente.
Además, el hecho de que el coordinador de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento, Bernardo Díaz haya fungido como vocero del festival refuerza la percepción de que el gobierno municipal no solo facilitó, sino que impulsó activamente una agenda religiosa desde su estructura institucional.
Lo que el Ayuntamiento debe aclarar
Expertos en derecho constitucional y administración pública coinciden en que el Ayuntamiento de Tecámac está obligado a responder, con documentación verificable, al menos cuatro puntos fundamentales:
1. El costo total del festival y el desglose detallado de los gastos.
2. La fuente de financiamiento: recursos municipales, patrocinios privados, aportaciones de organizaciones religiosas o una combinación de ellos.
3. Los contratos, convenios y proveedores involucrados, así como los criterios de selección.
4. El fundamento legal y administrativo para que el gobierno municipal promueva y respalde un evento de carácter abiertamente religioso.
La falta de respuestas, advierten abogados consultados por Revista TMX, podría derivar en responsabilidades administrativas, observaciones de fiscalización e incluso controversias constitucionales si se acredita una violación sistemática al principio de laicidad.
El debate de fondo
Más allá de UNIFEST 2025, el caso reabre una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede un gobierno municipal involucrarse con eventos religiosos sin convertirse en promotor de una fe específica?
Mientras la administración presenta el festival como un espacio de “unidad familiar” y promoción de valores, voces críticas sostienen que la función del ayuntamiento debe centrarse en políticas públicas incluyentes, seguridad, servicios y obra pública, sin privilegiar creencias religiosas desde el poder.
En un Estado laico, subrayan los especialistas, la fe es un derecho individual; la neutralidad, una obligación del gobierno.
