Ciudad de México, 4 de diciembre del 2018.- Con la firma del Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, la nueva administración federal garantiza a madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” que no habrá impunidad, trabas ni obstáculos para llegar a la verdad y hacer justicia.
Al encabezar la firma del decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló:
“Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde el poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.
La legitimidad obtenida por el jefe del Ejecutivo a través de décadas permite afirmar que no existen compromisos políticos de ningún orden que impidan el acceso a la verdad y a la obtención de justicia:
“Lo que más me llena de orgullo es que en todo este tiempo mantuve mis principios, mis ideales, no dejé trozos de dignidad en el camino, no tuve que traicionar para llegar a donde estoy. Por eso tengan confianza, no le debo nada a ningún grupo e interés creado, sólo tengo un amo, que es el pueblo de México.”
Por ello, afirmó que no existirá ninguna traba u obstáculo en el desarrollo de las diligencias que estarán a cargo de la Comisión de la Verdad, misma que contará con amplias facultades: “Llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece”, expuso.
El mandatario agregó que una da de las acciones que contribuirá a establecer la realidad de los hechos será el respaldo institucional a quienes cuenten con información sobre el caso: “Lo de los testigos es algo muy importante, garantizarles protección para que den a conocer con libertad todo lo que saben y llegar al fondo del asunto, que se esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a la verdad y que haya justicia”.
Recordó que el Poder Judicial determinó que será la Procuraduría General de la República (PGR) o, en su caso, la nueva Fiscalía General, la encargada de constituir la Comisión de la Verdad, “pero vamos a estar nosotros pendientes, no nos vamos a lavar las manos. Habrá respeto a la autonomía, pero es un asunto de Estado, un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos, por eso cuenten con todo nuestro apoyo”.
Es el inicio de una política de Estado que pone en el centro de atención a las víctimas
El decreto será publicado mañana martes 4 de diciembre y establece la creación de la Comisión de la Verdad, conformada por integrantes del gabinete del gobierno federal, así como madres y padres de los jóvenes desaparecidos y expertos. Trabajará de manera autónoma bajo la coordinación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, quien señaló que este caso es “una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro país”.
Encinas informó que serán retomadas investigaciones de organismos de derechos humanos; del Alto Comisionado de Naciones Unidas; del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la investigación trunca de la Procuraduría General de la República (PGR) de la administración anterior.
Subrayó que se dará la instrucción a todas las dependencias del Ejecutivo federal para que faciliten la información que les sea requerida y que no se podrá clasificar como reservada la que tenga relación con violaciones a los derechos humanos o que obstruya la persecución de delitos.
El decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la Comisión de la Verdad será instalada en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
“Es el inicio de una política de Estado que pone en el centro de atención a las víctimas”, expresó Encinas Rodríguez.
Acompañando al presidente en la firma del decreto estuvieron presentes Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.
Asimismo, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración (Segob); Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez y Emilio Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González.
